La justicia europea dice que eliminar los sistemas de seguridad de las consolas está justificado
El tribunal europeo de Justicia ha abierto una puerta de consecuencias todavía imprevisibles al determinar que en algunos casos es legal eliminar los sistemas de protección contra la piratería instalados por algunas marcas en sus dispositivos informáticos. La sentencia se refiere a una disputa entre Nintendo –cuyas consolas tienen un sistema que limita la lectura de juegos a los que la propia compañía reconoce- y la comercializadora PCBox que lo desactiva para permitir utilizar otros juegos.
La sentencia señala que «eludir el sistema de protección de una consola para videojuegos puede ser legal en ciertas circunstancias», siempre que no se utilice para violar los derechos de autor de
los juegos ya que «el productor de la consola sólo está protegido
(contra la anulación de sus sistemas de seguridad) cuando las medidas de
protección instaladas traten de impedir específicamente el uso de juegos falsificados».
La sentencia será remitida al un tribunal italiano que tiene que resolver en la disputa entre Nintendo y PC Box, pero crea jurisprudencia para toda la UE. PC Box comercializa consolas originales de Nintendo aunque les añade ciertas aplicaciones que desactivan las medidas de protección
instaladas de fábrica para evitar el uso de copias ilegales de
videojuegos, de modo que sus clientes puedan utilizar también juegos de
creadores independientes o para leer videos o películas que estos pueden poseer legalmente.
Aunque el Tribunal de Luxemburgo reconoce que los videojuegos están protegidos en la UE por la Directiva de derechos de autor, también dice que «esa protección jurídica abarca únicamente las medidas tecnológicas destinadas a impedir o eliminar los actos de reproducción, comunicación,
puesta a disposición del público o distribución de las obras no
autorizadas por el titular de los derechos de autor», por lo que esa
protección no significa que se deban imponer limitaciones a los
dispositivos cuyo uso no persiga fines ilícitos.
Por ello, los jueces instan al tribunal italiano a
comprobar si el fabricante Nintendo podría utilizar otras medidas de
seguridad con las que pueda «proteger los derechos de autor (de los
videojuegos de su marca) con la misma eficacia pero provocando menos
interferencias en las actividades de terceros» que ya han adquirido la consola.
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